Los dirigentes piqueteros, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y Osmar Quintín Gómez suman más causas en su haber. Ahora, la justicia federal inició formalmente una investigación para determinar si son responsables del delito tipificado como trata de personas contra un grupo de obreros de la construcción, en el año 2008. Se los acusa de explotación laboral, presiones y malas condiciones laborales en el obrador ubicado en el ex Campo de Tiro, en Resistencia.
A través de un requerimiento de instrucción judicial, el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, además al juez, Ricardo Mianovich, que se les tome declaración indagatoria por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral, calificado por haber sido cometido por tres o más personas y por el número de víctimas.
El escrito recuerda que en septiembre de 2008, unas 30 personas (denunciantes en el expediente) fueron contactadas con la promesa de que tendrían una casa propia y un trabajo estable, por el dirigente del movimiento “MTD 17 de Julio”, Emerenciano Sena (en ese momento aún no existía el MTD Emerenciano), por su pareja, Marcela Acuña y por Osmar Quintín Gomez, para construir unidades habitacionales, en el predio “EX CAMPO DE TIRO” situado en Avenida San Martín N° 3500 de Resistencia en el marco del programa habitacional “Sueños Compartidos” de la Fundación Madres Plaza de Mayo, en un acuerdo con el Ministerio de Infraestructura del Chaco. Omar Judis, en su calidad de ministro, era el representante gubernamental del convenio, en tanto que Sergio Schoklender, lo eran por parte de la Fundación Madre de Plaza de Mayo.
La primera tarea que les encomendaron fue que tomen/ocupen el predio de La Rubita. También les encomendaron que planten los postes, alambren el predio y custodien que nadie más se metiera en el mismo.
Posteriormente le dieron la orden de desocupar ese predio y trasladarse hasta Campo de Tiro (en avenida San Martin al 3500) y hacer lo mismo: ocupar, hacer los pozos, cercarlo, alambrarlo y custodiar. La toma de estas tierras era fundamental para la concreción del proyecto de la construcción de las viviendas acordadas en el marco convenio.
Por realizar esas tareas solo algunos de los trabajadores recibieron una beca del programa “Chaco por vos” (de $500 mensuales de ese entonces) como forma de pago, beca que cobraron durante los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009.
Para febrero, Emerenciano Sena les dio la orden que no vayan a cobrar más la beca porque tenía que otorgar ese beneficio a “otros compañeros” y que si la seguían cobrando no los dejaría trabajar en el ex Campo de Tiro.
A todos los que lo obedecieron, “como premio”, se les permitió trabajar en Campo Tiro en la construcción de las viviendas realizadas a través del proyecto “Sueños Compartidos”, oportunidad en que los obreros fueron blanqueados como trabajadores de la Fundación.
Según la imputación del fiscal, si bien figuraban como trabajadores de la Fundación, el que daba las órdenes directas y dirigía a los obreros, conforme los testimonios recabados, era Emerenciano Sena, quien además se ocupaba de que parte del salario que percibían los trabajadores -mensual o quincenalmente- vuelva al movimiento, a través de aportes obligatorios.
Los denunciantes relataron en este marco que, al ser contactados por Sena, Acuña o Quintin, para trabajar en la obra Sueños Compartidos, les prometieron trabajo registrado y una casa.
También declararon que las primeras semanas en las que comenzó la obra, la relación laboral fue buena, recibieron herramientas y ropas de trabajo. Durante la jornada laboral tenían descansos para comer, desayunar, almorzar o merendar, de acuerdo a los turnos.
Sin embargo, luego todo cambio cuando Sena, Acuña y Gómez empezaron a no respetar la jornada laboral de ocho horas. De un momento a otro, no los dejaban retirarse del lugar hasta que no terminaran sus trabajos. El mismo Sena, según las denuncias, solía pedir a los gritos que coloquen un candado para que nadie salga del predio, diciéndoles, además, que si alguien se iba “al día siguiente no podría volver a ingresar”. Llegaron a tener jornadas laborales de más de 16 horas diarias, trabajando de lunes a lunes. No había feriados, ni días de descanso.
El salario dependía de la función que cumplían en la obra, el mismo rondaba aproximadamente entre los 700 y 1500 pesos quincenales, sin embargo, parte de ese dinero debía ser entregado a Sena, Acuña y Quintin, para la compra de mercadería, alimentos, herramientas, para hacer gorras, banderas y camisetas para el movimiento.
También debían aportar dinero para conformar un fondo de asistencia “para los compañeros que no tenían”. A algunos les hacían firmar los recibos de sueldo por la suma de $1500 y solo les entregan $1000, indicaron los denunciantes.
El trabajo como operario además implicaba la obligación de asistir a las marchas y cortes programados por el movimiento en distintos puntos de la ciudad. No podían rehusarse, de lo contrario, no seguirían en el obrador.
Tampoco tenían derecho a controlar las libretas y/o tarjetas de trabajo para controlar la cantidad de horas trabajadas y pagadas. Las tarjetas eran marcadas por dos o tres personas que Sena designaba para eso. Si no cumplían las extensas jornadas laborales, si no realizaban los aportes que les solicitaban o si no concurrían a las marchas, la amenaza era siempre la misma: se quedarían sin trabajo.
Si los obreros hacían algún planteo, les decían que eso significaba “desconfiar de su integridad”. También si reclamaban dinero.
De acuerdo a los denunciantes, el trato era “malo”. Los gritos y amenazas eran constantes. Les decían que si no les gustaba, “que se vayan”. Que había mucha gente que quería trabajar y que no volvieran a contradecirlos porque ya sabían lo que les iba a pasar.
Debían comer en el piso porque las mesas y sillas que había entregado la Fundación al inicio de la obra “fueron llevadas por Sena”. Cuando venía alguien a controlar las obras los mandaban a comer encondidos entre las paredes levantadas para que no vieran las condiciones en las que los tenían, también debían cumplir con las guardias nocturnas para cuidar el predio. No contaban con elementos de seguridad y algunos operarios fueron lesionados y enfermos a trabajar por temor a ser despedidos y a las represalias. Además, en el predio solo había un baño hecho de palo y lonas para las mujeres.
El escrito señala que entre los principales colaboradores de Seña, Acuña y Gómez se encontraban Viviana Gómez y Fabiana González (detenida por el femicidio de Cecilia Stryzowski) y Elba Alegre. Ellas eran capataces, encargadas de controlar el cumplimiento de las órdenes dadas, marcar las tarjetas y cobrar los aportes obligatorios.
Cabe recordar que Acuña y Sena se encuentran actualmente detenidos imputados por la coautoría del femicidio de su nuera, Cecilia. Quintín Gómez también está alojado en una unidad policial, pero por una denuncia por violación cometida contra una colaboradora de su movimiento social.