Evangelina Galeano, abogada y trabajadora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), dialogó con CIUDAD TV sobre la situación que afecta a 708 empleados de esta área disuelta a través del decreto nacional 461. La profesional aclaró que el organismo se diferencia de Vialidad Nacional en su infraestructura, su función y misión y explicó que la Agencia se encarga del control, la prevención, la capacitación y la fiscalización de siniestros viales en todo el territorio argentino.
Indicó que a partir de la publicación del decreto el pasado 8 de julio, que establece su disolución como organismo “corrector, organizador que ha llevado a cabo e implementado una política pública que tiene que ver con las vidas de todos los ciudadanos, con la salud, que es uno de nuestros principales derechos como ciudadanos y seres humanos”, toda la planta de trabajadores se encuentra en una situación de incertidumbre.
“Hay una total preocupación. Somos aproximadamente 708 empleados que, a raíz de la publicación de este decreto nos hemos quedado sin trabajo. La mayoría, profesionales, con muchos años de antigüedad, y lo peor aún es que no todos tienen la posibilidad de tener estabilidad como empleados de planta permanente. Nuestros contratos, en su mayoría, terminan en diciembre, y es una causal para poder justificar la no renovación y reubicación de ese trabajador”.
Enfatizó que esto afecta no solo a los trabajadores, sino también a sus familias “somos sostén”.
Recordó que la ANSV fue creada en 2008 con una ley nacional a la cual se adhirieron provincias y municipios mediante convenios. Reiteró que la misión fundamental de la agencia es reducir la tasa de siniestralidad vial, y se ha logrado una reducción significativa de víctimas en los últimos años desde el momento de su creación hasta la actualidad.
Contrario a la creencia de que la agencia es un gasto para el Estado, Galeano aclaró que la ANSV es un ente autárquico, con su propio patrimonio. Se solventa con un porcentaje mínimo de las pólizas de los automotores en Argentina. Por lo tanto, no se trata de un recorte del gasto público.
Mencionó que el decreto de Javier Milei establece que parte de la función de fiscalización pasaría a la Gendarmería Nacional Argentina, y las funciones de prevención a la Secretaría de Transporte. Sin embargo, remarcó que la Gendarmería no cuenta con la experiencia, recursos materiales ni humanos para llevar a cabo estas tareas de seguridad vial.