La represión a la marcha de los jubilados con apoyo de hinchas de fútbol de distintos clubes que se realizó el pasado miércoles fue definida por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), por su despliegue y consecuencias, como “la más brutal y violenta que ocurriera desde los hechos represivos del año 2001”. Este viernes se multiplicaron las denuncias penales contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por el feroz operativo.
Según las presentaciones judiciales, el procedimiento conjunto de las fuerzas de seguridad federales y la Policía de la Ciudad, que comenzó a reprimir antes del horario formal del comienzo de la movilización:
Dejó un saldo de 672 heridos, según precisó la CPM. Entre ellos se encuentran los casos Pablo Grillo, el joven fotógrafo con impacto de una granada de gas en la cabeza que lucha por su vida; de Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que tuvo que ser atendida de urgencia por un golpe de un agente policial; y una niña de 14 años con quemaduras por los gases lacrimógenos.
Tuvo 114 personas detenidas que fueron liberadas varias horas después del arresto y siguen imputadas. La inmensa mayoría de esas aprehensiones –sino todas- fueron arbitrarias y estuvieron repletas de ilegalidades, según surge de los testimonios que comienzan a conocerse y que están siendo relevados por quienes investigan la violencia institucional.
Contó con más de mil agentes, que realizaron “miles de disparos con postas de goma”, “arrojaron centenas de granadas de gas lacrimógeno y spray de gas pimienta” y utilizaron al menos 4 camiones hidrantes con los que “rociaron de agua a cientos de personas”, de acuerdo a un relevamiento realizado por la CPM.
Hubo agentes que portaban armas letales. Bullrich habilitó que las fuerzas federales puedan tener portación de ese tipo de armas pero que las lleven a una protesta social implica un riesgo muy alto para los manifestantes.
A esto se suma que las cámaras de C5N registraron cómo un policía dejó caer un arma de fuego durante la manifestación para que quede en medio de la plaza. Mientras que manifestantes grabaron cómo se dejó un móvil de la Policía de la Ciudad en medio de la calle con las puertas abiertas como invitación para ser vandalizado, cual carnada. El vehículo terminó incendiado pero nadie detenido por eso. El abogado Dalbón se hizo eco de ambos sucesos en la denuncia que radicó este viernes contra Bullrich por incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. Ambos hechos, consideró el letrado, “dejan en evidencia una clara estrategia orquestada para generar disturbios y, de esta forma, culpar a los manifestantes por los hechos violentos” con el objetivo de “desvirtuar la legítima protesta”. Horacio Pietragalla Corti, por su parte, desarrolló sobre todo el segundo episodio en la presentación que hizo en Comodoro Py como presidente de la Red Nacional de DDHH. “¿Quiénes eran los responsables del móvil 8008 de la Policía de la Ciudad? ¿Quién les dio la orden de dejar el patrullero abierto en el medio de la manifestación y retirarse? ¿Quiénes le prendieron fuego, teniendo en cuenta que ninguna de las más de 150 detenciones policiales fue por haber incendiado un móvil policial? Son todas preguntas que la investigación penal que se insta deberá responder”, señaló el exsecretario de DD.HH.
El gobierno justificó su accionar represivo diciendo que había un golpe de Estado de ciernes y también este viernes presentó una denuncia penal en Comodoro Py por sedición y atentado al orden constitucional y la vida democrática para intentar que todo lo sucedido se investigue en los tribunales donde tiene mayor injerencia. Es un intento por sacarle la causa que se abrió por las detenciones a la jueza porteña Karina Andrade, que en una resolución contundente expuso la orfandad probatoria con la que actuaron las fuerzas policiales. La denuncia la realizó el abogado Fernando Soto, quien trabaja con Bullrich en el ministerio de Seguridad mientras ejerce como abogado de policías acusados de gatillo fácil como el exagente Luis Chocobar.
El ataque a Grillo y otros reporteros gráficos
El caso del reportero gráfico Pablo Grillo, quien se encuentra en un estado delicado tras recibir un impacto de una granada de gas en la cabeza y sufrir una fractura de cráneo, fue el de mayor gravedad. Tal como da cuenta una presentación conjunta del Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), Grillo, de 35 años, “se encontraba realizando la cobertura de la movilización sobre la calle Yrigoyen, aledaña a la Plaza de los Dos Congresos, (y) recibió el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno en la cabeza, lo que lo dejó inconsciente sobre el piso”. “La agresión quedó registrada en un video que muestra el momento exacto en que, mientras Pablo estaba en cuclillas tomando fotografías, un proyectil lo golpea en la cabeza, dejándolo inconsciente en el suelo. La granada fue disparada en forma paralela al piso y a escasa altura, contraviniendo la normativa de disparar en forma elevada, a 45 grados en dirección hacia arriba para que haga una parábola, y descargue el gas en el aire”, se agregó en la presentación. Las imágenes contradicen la defensa que hizo el gobierno del accionar policial. Hoy Grillo pelea por su vida en el Hospital Ramos Mejía.
Grillo no fue el único reportero gráfico atacado el último miércoles. En lo que parece un modus operandi, los uniformados atacaron a varios periodistas y fotorreporteros. Uno de los agredidos fue Marcos Sierras a quien apalearon mientras registraba detenciones irregulares cerca de las 21.30, en las inmediaciones del Congreso de la Nación. Según relató la CPM, “un grupo antidisturbios de la PFA junto con un camión del SPF, avanzaron sobre un grupo de manifestantes que se encontraban cantando el himno en la vereda de Callao y Rivadavia, los cuales ante la agresión policial comienzan a correr hacia el Cine Gaumont. Allí Sierra(s) comienza a registrar con su cámara las detenciones arbitrarias realizadas por personal policial sobre la gente allí congregada y es agredido física y verbalmente por personal de la PFA”. En ese momento, “una persona a quien identifica como jefe del personal actuante con posible rango de Comisario, agarra un bastón con sus dos manos y le pega en el tabique nasal, produciéndole un corte profundo, con un sangrado de consideración”. Sierras, que llevaba un casco, intentó evadirse pero el oficial “junto con cuatro agentes más de la PFA le propinaron múltiples golpes en su cabeza, incluso en la nuca”.
A esto se suma que una de las primeras personas atendidas por la Comisión Provincial por la Memoria “fue el camarógrafo de Crónica TV Pablo Alonso”, afectado por los gases irritantes.
Sierras dialogó con el programa Palo y Zanahoria, que se emite por El Destape 1070, y allí afirmó que existe una intencionalidad por parte de la Policía de agredir a los reporteros. “Nos dicen en la marchas: ‘Ahora te toca a vos’”, contó.
La jubilada brutalmente golpeada, shockeada y con puntos de sutura
Otro de los tantos hechos graves que acontecieron durante la feroz represión del miércoles fue el ataque a la jubilada Beatriz Blanco, de 81 años, que fue filmado y se hizo viral en redes sociales por la brutalidad del accionar policía. La agresión fue de un efectivo policial que llevó a Beatriz a caer abruptamente y golpearse la cabeza contra el piso. Producto del golpe, Blanco fue trasladada al Hospital Argerich en ambulancia. El hecho ocurrió pasadas las 16. Faltaban 45 minutos para el inicio “oficial” de la marcha. La jubilada terminó con un profundo corte en la cabeza y 4 puntos de sutura según contó su hijo Gustavo en Palo y Zanahora, en El Destape 1070.
Por esta agresión, Blanco decidió denunciar por lesiones a los policías que la agredieron, al jefe del operativo y a Patricia Bullrich en los tribunales de Comodoro Py. La presentación ingresó este viernes.
“Mi mamá está dolorida, es una mujer muy mayor y tiene 4 puntos en la cabeza”, relató Gustavo a El Destape 1070. “Todos estamos muy mal. Ella tiene un tipo de epilepsia en especial. Fue horrible, no puedo creer todo lo que vi. La gasearon y se comió un bastonazo”, agregó, angustiado.
“Escuché a Bullrich decir que mi mamá le dio 10 palazos al policía. A mi mamá la habían gaseado antes, eso no se ve en el video. Pegarle a una persona grande ya no es hablar que no tienen corazón, no tiene cerebro”, aseguró Gustavo.
En otro pasaje de la entrevista, contó que sintió mucha “impotencia” y “dolor” y agregó algo que quedó en evidencia tras el golpe: “Los policías nunca se acercaron a levantarla ni a ver como estaba”. Beatriz fue asistida por los manifestantes.
“Está muy shockeada con la situación, pero ella lo que dice es que va a volver a la plaza con todo lo que pueda. Van a ir mis hermanas, mis sobrinos. Ahora es la abuela de todos”, concluyó Gustavo.
Según la CPM, a partir del ataque a Blanco, “registramos durante las siguientes seis horas acciones represivas de enorme brutalidad y violencia contra manifestantes que se acercaron a la Plaza del Congreso de manera pacífica. Innumerable cantidad de detenciones a manifestantes o incluso a transeúntes que nada tenían que ver con la movilización: golpes, gases lacrimógenos, disparos de balas de goma, entre otras modalidades de represión”.
Menores apresados
Entre los sucesos que grafican la brutalidad del operativo policial se cuenta la detención de al menos tres menores de edad, de 12, 14 y 16 años. Dos de ellos salían del colegio y no tenían relación con la marcha. A su vez, de acuerdo a la denuncia de la CPM, una nena de 14 años figura entre los heridos por sufrir “quemaduras producto del gas lacrimógeno arrojado por las fuerzas de seguridad”.
Dalbón fue uno de los denunciantes que ahondó en el caso de los niños. “Se ha podido determinar que las fuerzas de seguridad también han detenido menores de edad. En particular, han trascendido las detenciones ilegales de D.A.C (se protege el nombre por ser menor), un niño de tan solo 12 años de edad y L. (se desconoce su apellido) de 14 años de edad que pasaban por allí y nada tenían que ver con la protesta. Al respecto, Mariela Gómez, madre de uno de los niños, manifestó que ambos salieron del colegio y, al advertir que muchas calles se encontraban cortadas, comenzaron a caminar por la calle Lavalle en búsqueda de alternativas, oportunidad en la que un policía le dijo al niño ‘Quedate quieto porque te volamos la cabeza de un escopetazo’ y llevó adelante la detención ilegal. La madre del niño agregó que su hijo pudo identificar a quien se le ‘tiró encima (…)’”. La policía les puso precintos. Tal como relató la madre, su hijo “tenía las muñecas marcadas” y “le rompieron el celular cuando lo agredieron” . Tal como narró la madre, la coartada que falseó la policía para justificar la detención fue que estaban tirando piedras.
La jueza Karina Andrade, en la resolución que dejó en libertad a los 114 detenidos, dejó en claro que la policía hizo una cacería humana y detuvo gente al voleo: “Comienzo por señalar que a medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial. Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después”.
En otro pasaje, la jueza porteña dio por tierra con las acusaciones que había hecho circular el gobierno por los medios hegemónicos que le son afines: no hubo detenidos por lesiones, tener armas o prender fuego vehículos: “A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas, ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”. Así como sucedió con el auto incendiado de Cadena 3 durante la movilización contra la Ley Bases del 12 de junio hasta el momento ni policía ni la justicia identificó a quienes incendiaron el móvil policial que fue dejado este miércoles en medio de la calle y con las puertas abiertas en medio de la movilización. Todas las acusaciones fueron por atentado y resistencia a la autoridad, delitos menores.
En esa línea, la magistrada indicó: “La información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria”.
La denunciada forzada del gobierno
En pos de instalar un relato de lo sucedido, defender el accionar policial e intentar llevar el caso de las detenciones a Comodoro Py, el gobierno hizo una denuncia este viernes por sedición y atentado al orden constitucional y la vida democrática. Es decir, busca sostener que lo sucedido el miércoles fue un intento de destitución de Milei.
Con el planteo, que lleva la firma del abogado del ministerio de Seguridad, Fernando Soto, se pretende que los hechos del miércoles se investiguen en Comodoro Py, por eso se mencionan delitos federales. Si la denuncia del gobierno avanzase, el expediente que tramita en la Ciudad a manos del Ministerio Público Fiscal porteño y la jueza Andrade debiera mudarse de jurisdicción como pasó en su momento con los hechos del 12 de junio cuando se votó la Ley Bases.
En la presentación del Ejecutivo se afirmó que se reconocieron a barrabravas de diversos clubes –habrían recibido datos vía supuestos llamados a la línea 134 del ministerio-. Y se apuntó a Leandro Capriotti, un militante peronista, hincha de Chacarita, “quien sería un ‘amigo y protegido’ del histórico dirigente sindical Luis Barrionuevo”. El propio Capriotti desmintió haber estado en la marcha, dijo que su familia está recibiendo amenazas y adelantó que denunciará al gobierno. En pos de querer vincular a barras y a dirigentes bonaerenses con un presunto clima destituyente, Soto también sostuvo que “los principales grupos de barras bravas partieron desde las Municipalidades de La Matanza y Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires”. No aportó una sola prueba.
En otro pasaje del escrito, sin temor al ridículo, Soto resaltó que “también convocó a la movilización el exjefe de Montoneros Mario Firmenich”. A su vez, cuestionó a la jueza Andrade por las liberaciones: “Estamos evaluando la presentación de una denuncia penal por los delitos de Prevaricato y Violación de los Deberes de Funcionarios Públicos, con la pertinente denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dijo. Y reclamó que la jueza Andrade deje de intervenir y el expediente que tramita en su juzgado porteño pase a los tribunales federales de Retiro.
Lo curioso de esta presentación de Bullrich-Soto, que quedó radicada en el juzgado federal N° 11 que subroga Sebastián Casanello, es que al momento de las detenciones, como se desprende de la resolución de Andrade, no hubo referencia a estos delitos de sedición. Solo se enmarcaron en atentado y resistencia a la autoridad, que son delitos menores y que se juzgan en tribunales locales, no federales.
El Destape