La Unidad Fiscal Santa Fe resolvió el caso en menos de tres meses a través de un acuerdo pleno. Los condenados son de nacionalidad peruana y boliviana. Fueron condenados por el ingreso ilegal al país procedentes de Bolivia en una aeronave sin habilitación y con la matrícula adulterada y por el contrabando de 30.500 dólares. La investigación no halló elementos sobre tráfico de estupefacientes.
Los dos pilotos de una avioneta procedente de Bolivia con matrícula adulterada que fue abandonada en un campo de la localidad santafesina de Estación Díaz el pasado 3 de junio fueron condenados a 5 años de prisión efectiva por ingresar ilegalmente al país en una aeronave sin habilitación y con la matrícula adulterada y por el contrabando de moneda extranjera, ya que trasladaban 30.500 dólares. Si bien la investigación indagó sobre la hipótesis del transporte de estupefacientes, no se hallaron pruebas en ese sentido.
La Unidad Fiscal Santa Fe, a cargo de la investigación, cerró el legajo judicial en menos de tres meses a través de un acuerdo pleno -sobre los hechos, la calificación y la pena-, procedimiento abreviado que establece el Código Procesal Penal Federal (CPPF), que rige en el Distrito Rosario desde mayo de 2024.
Los acuerdos a los que arribó la fiscalía con las defensas fueron homologados por el juez de garantías de Rosario, Eduardo Rodrígues da Cruz, en una audiencia celebrada el 25 de agosto pasado. Milton Carlos Arévalo Estrada, de 53 años, nacido en Perú, con residencia en Bolivia, y Mikjail Zabala Rodríguez, de 31 años, de nacionalidad boliviana y residencia irregular en Argentina, fueron condenados en los términos propuestos.
Tras reconocer su participación en los hechos, los acusados expresaron su conformidad con el acuerdo, la acreditación de las imputaciones, la calificación legal y la pena requerida. Se les impuso 5 años de prisión efectiva e inhabilitación para conducir aeronaves durante 4 años a partir del cumplimiento de la pena de prisión, como coautores de los delitos de contrabando de importación agravado; conducción de una aeronave que no contaba con habilitación y a sabiendas de la adulteración de su matrícula; y del cruce de la frontera nacional de manera clandestina y por lugares distintos de los establecidos por la autoridad aeronáutica, en concurso real. En relación al cómputo de la multa que corresponde imponer a los condenados, el juez ordenó que se remitan copias de la sentencia a la Dirección General de Aduanas de Santa Fe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero de la Nación (ARCA).
La investigación estuvo a cargo del titular de la Unidad Fiscal Santa Fe, Gustavo Onel, y el fiscal federal coadyuvante Gastón Theler, integrantes del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos.
El caso
Arévalo Estrada y Zabala Rodríguez habían sido detenidos el 3 de junio, horas después de aterrizar de forma clandestina y abandonar la aeronave en Estación Diaz, localidad ubicada sobre la ruta provincial N°10, 113 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Fe.
Tras un análisis preliminar del caso, se formalizó la investigación en una audiencia celebrada el 9 de junio. En esa instancia, el fiscal Onel y la fiscal coadyuvante Natalia Palacín imputaron a los pilotos haber importado 30.500 dólares estadounidenses por lugares no habilitados, evitando el control aduanero, empleando un medio de transporte aéreo, apartándose de las rutas autorizadas y aterrizando en un lugar no habilitado.
A pedido de la fiscalía, el juez de garantías Carlos Villafuerte Ruzzo dispuso entonces 90 días de prisión preventiva efectiva para ambos.
Seguridad en riesgo
“Las conductas pusieron en un riesgo concreto los bienes jurídicos de las figuras penales del Código Aeronáutico: la seguridad en vuelo, la seguridad de terceros en la superficie y la seguridad del Estado. Se evidencia conocimiento y voluntad de la acción ilícita mediante la planificación reflejada por los mensajes de los aparatos telefónicos y coordenadas halladas en los dispositivos electrónicos”, consta en la acusación fiscal expuesta en el acuerdo de juicio abreviado, donde también se describe que:
- En el teléfono celular de Zabala Rodríguez había registros de conversaciones en las que se coordinaban vuelos, puntos de aterrizaje, cargas y contactos logísticos, acompañadas de videos y fotografías del interior de la cabina de vuelo.
- En el dispositivo de Arévalo Estrada se hallaron mensajes grupales donde se compartían coordenadas geográficas, imágenes satelitales, e instrucciones sobre el recorrido.
De ese modo la fiscalía reconstruyó la ruta aérea Bolivia-Santa Fe, con escala previa en un campo de la provincia de Buenos Aires. Si bien se sospechó del transporte de droga, no se obtuvieron elementos para confirmar esa hipótesis.
La ruta punto a punto
La fiscalía puso de relieve que en el GPS utilizado por los acusados durante el vuelo se detectaron puntos georreferenciados creados manualmente con nombres como “Lora”, “Reco”, “Dormi”, “Deja”, “Dejada” y “Alter”, que permitieron reconstruir el recorrido. Según esos registros, el 2 de junio salieron de Bolivia, pasaron por los puntos “Lora” a las 13.20, y “Reco”, a las 14.45, que la fiscalía indicó como sugerente de “recoger”.
El mismo día, a las 17.55, se registró el punto “Dormi” en Bolivia (zona próxima a Santa Victoria Este, Salta), posiblemente en referencia a un pernocte. El 3 de junio, a las 8.15, ingresó al espacio aéreo argentino sobrevolando el norte del país. El GPS perdió el registro en Chaco y lo recuperó a las 12.59 en Santa Fe.
La señal volvió a perderse entre las 14.40 y las 16.25. En ese lapso se encuentra el punto “Alter”, que para la fiscalía sugiere la posibilidad de una maniobra alternativa. A las 16.25 el GPS retomó la señal en inmediaciones del punto geográfico “Deja/Dejada”, posiblemente referido a dejar/descargar material, correspondiente a galpones rurales en Arroyo del Medio, provincia de Buenos Aires. Finalmente, a las 17.38 se registra el descenso de altitud y velocidad en Estación Díaz, describieron los representantes del MPF en la audiencia.
Planificación mancomunada
Para la fiscalía, la responsabilidad penal de los acusados quedó probada porque tenían conjuntamente el dominio del hecho, lo cual se deriva de su condición de pilotos de aviación y la posibilidad de iniciar el viaje desde Bolivia, ingresar a la Argentina, sobrevolar el territorio nacional y gestionar un aterrizaje de emergencia.
“Este punto se refuerza con el contenido de sus celulares y del GPS, de los cuales surgen conversaciones, coordenadas, puntos georreferenciados creados manualmente, que aluden a una coordinación y planificación mancomunada en materia aeronáutica por parte de ambos. Y resulta indicativo del dominio del hecho que tenían poder de disposición sobre la mercadería en el interior de la avioneta, por lo tanto, consideramos que han participado en los hechos materia de acusación en calidad de coautores penalmente responsables”, remarcaron los fiscales.
Al sustentar la atribución de los hechos, recordaron además el peritaje de la avioneta por parte de la Agrupación Aviación “Campo de Mayo” de la Gendarmería Nacional, del cual surgió que la matrícula estaba adulterada y no correspondía a la aeronave.
Todas las circunstancias acreditadas en el legajo reflejaron, según la acusación, “un elevado nivel de temeridad que puso en riesgo potencial a bienes y personas ajenas a los hechos, circunstancia ésta que presupone un disvalor de acción de mayor significación que no puede ser soslayado”.
A pedido de la fiscalía, el juez ordenó el decomiso de los bienes incautados durante la tramitación del legajo judicial: la avioneta y los 30.500 dólares, y 6.700 pesos argentinos, 450 pesos bolivianos, cargadores de dispositivos electrónicos, una antena satelital Starlink, dos teléfonos celulares Iphone, un cargador de pistola calibre 9 milímetros con 15 proyectiles, siete bidones con combustible, bolsos de mano y un GPS marca Garmin.