Ernesto Sábato palpó en su costado izquierdo. En el bolsillo del saco encontró unas hojas dobladas. Se lo notaba nervioso mientras las desplegaba. El escritor se cambió los lentes. Aclaró que se tomaría unos minutos y comenzó a leer. “En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y hasta fantasmal: la de los desaparecidos, palabra –triste privilegio argentino– que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo”, leyó.
A su lado estaba el presidente Raúl Alfonsín. Un rato después, Alfonsín recibiría de manos del propio Sábato unas carpetas con los detalles del horror de los campos de concentración de la dictadura – tarea a la que habían estado abocados los integrantes de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) -. El mandatario habló del heroísmo de esos hombres y mujeres que durante nueve meses descendieron hacia los infiernos.
Cinco días después de asumir, Alfonsín firmó el decreto 187 del 15 de diciembre de 1983. A partir de este instrumento, creaba una comisión de notables para investigar los crímenes de la dictadura. La solución adoptada por el Presidente no cayó bien entre los organismos de derechos humanos que reclamaban la conformación de una comisión bicameral que se dedicara a indagar en las violaciones a los derechos humanos sufridas.
Alfonsín quiso que el Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel integrara la Conadep, pero él declinó. Tampoco aceptaron Emilio Mignone o Augusto Conte, padres de desaparecidos y fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). A partir de distintas sugerencias, el Presidente invitó como integrantes a Sábato, Eduardo Rabossi, Gregorio Klimovsky, Hilario Fernández Long, Marshall Meyer, Ricardo Colombres, Jaime de Nevares, Magdalena Ruiz Guiñazú, René Favaloro y Carlos Gattinoni.
La Conadep se reunió por primera vez el 22 de diciembre de 1983 en el segundo piso del Centro Cultural General San Martín. Sábato fue elegido presidente. La comisión necesitó de la experiencia acumulada por los organismos durante los años de la dictadura: las denuncias que habían recolectado y la sistematización que habían hecho para recibir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Graciela Fernández Meijide, que tenía a su hijo Pablo desaparecido y venía de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), se sumó como secretaria de denuncias a pedido del obispo De Nevares. Fue la cara visible de esa decisión del movimiento de derechos humanos de colaborar con esa comisión – que no era lo que quería – pero que tenía la oportunidad histórica de desentrañar la verdad.
Los relatos cuentan que algunos de los trabajadores que había mandado el Ministerio del Interior para registrar los testimonios decidieron abandonar la tarea y que incluso algunos se desmayaron ante lo que escuchaban. En la comisión trabajaron decenas de hombres y mujeres –que no integran la nómina de los notables– pero que cumplieron una tarea descarnada durante nueve meses.
Familiares hicieron cola para dejar sus declaraciones. Alrededor de 1200 sobrevivientes de los centros clandestinos vencieron el terror y se presentaron a testimoniar. Hubo militares e integrantes de las fuerzas de seguridad que también brindaron sus relatos. Y, en todo momento, la Conadep tuvo que sortear las operaciones de los servicios de inteligencia que pretendían desviar las investigaciones.
Gladis Cuervo era enfermera y había estado secuestrada en su lugar de trabajo, el Hospital Alejandro Posadas. Desde su liberación, todos sus esfuerzos habían estado centrados en sobrevivir con dos hijos chicos. Cuando vino la posibilidad de declarar ante la Conadep, lo consultó con ellos. Su hija la acompañó hasta el San Martín. A Gladis – que la habían tenido cautiva dentro de un armario – le tomó su declaración el pastor Gattinoni.
A los pocos días, la llamaron para ratificar lo que había dicho y, en mayo, volvió por primera vez al policlínico a reconocer el lugar donde la habían tenido privada de su libertad. “Haber declarado fue como una liberación después de años cerrando la boca”, dice Gladis. “Si yo no hubiese declarado, a pesar de los temores, nunca se habría sabido que hubo un centro de detención en el Posadas”.
Guillermo Lorusso estuvo secuestrado en el centro clandestino conocido como Vesubio. No solo fue a declarar, sino que volvió en varias oportunidades con Jorge Watts –compañero de militancia– para ayudar a los investigadores con la declaración que le tomaban al represor Norberto Cendón. “Había empezado a acusar a sus compañeros y dar datos. La abogada que trataba con él nos necesitaba para ir desglosando la información, así que íbamos bastante”, cuenta Guillermo.
Inicialmente, la Conadep tenía un plazo de seis meses para reunir las denuncias, pero debió extenderse por tres meses más. El 4 de julio de 1984 hubo una prueba de fuego, cuando se emitió el programa Nunca Más –que anticipaba algunos de los testimonios. Entre otros, estuvieron presentes Estela de Carlotto –contando el secuestro de su hija Laura y la apropiación de su nieto– y Adriana Calvo, que había pasado por los centros clandestinos del circuito Camps y parido a su beba en el asiento trasero de un auto mientras la trasladaban de un campo de concentración a otro.
Durante los meses de trabajo, se reunieron alrededor de 50 mil páginas de información. El dramaturgo Gerardo Taratuto le dio estructura al informe. Según afirma Fernández Meijide en su libro La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, Sábato bosquejó el prólogo, que consagró la teoría de los dos demonios.
El 19 de septiembre de 1984, trabajadores e integrantes de la Conadep durmieron en el San Martín. Temían que algo pudiera pasar con el informe en el que habían estado trabajando y que debían entregarle a Alfonsín al día siguiente. Los nervios iban en ascenso. En la Casa Rosada no pocos pensaron lo peor al ver que Sábato no llegaba a la cita.
La prensa estimó que hubo 70.000 personas en la calle ese 20 de septiembre de 1984. Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, declaró que no iban a acompañar la movilización si antes no sabían qué iba a decir el informe. En la calle, el reclamo era “después de la verdad, ahora la justicia”. “Teníamos bronca porque la lista de los represores se guardó bajo cuatro llaves y no querían entregársela a Alfonsín cuando estaba hecha, y nos parecía muy importante”, recuerda Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
Al día siguiente de la entrega, Alfonsín dispuso que el informe se publicara por la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba). La primera tirada salió a la calle el 23 de noviembre de 1984, y se agotó rápidamente. Entre noviembre de 1984 y enero de 1985, hubo seis reimpresiones de 40.000 ejemplares. En estos 40 años, el Nunca Más tuvo once ediciones, 45 reimpresiones y una venta que supera los 500.000 ejemplares. Fue traducido al alemán, al inglés, al italiano, al portugués y al hebreo. Página/12 también lo publicó con las ilustraciones de León Ferrari.
“La investigación de la Conadep produjo efectos políticos y jurídicos de primer orden –sostiene Emilio Crenzel en – La historia política del Nunca Más’ –: elaboró un conocimiento novedoso sobre la dimensión que alcanzaron las desapariciones en la Argentina, conformó un corpus probatorio inédito para juzgar a sus responsables y desencadenó la clausura de la estrategia oficial de juzgamiento a las Juntas Militares por sus pares. Su informe, Nunca Más, expondría una nueva verdad pública sobre las desapariciones, y se conformaría en la nueva clave interpretativa y narrativa para juzgar, pensar y evocar este pasado entonces inmediato”.
Página 12/Susana Bertoia