12.819.532.788.614.400.000%. Este número representa la inflación acumulada desde el año 1935 (inclusive), esto es, desde que se creó el Banco Central de la República Argentina, el cual se suponía que tenía como misión fundamental preservar el valor de la moneda.
Por Javier Milei*
Evidentemente, el BCRA, como toda institución de Argentina, no sólo no cumplió con su objetivo, sino que la obscenidad del registro hace ineludible el debate acerca de si debiera existir o no un Banco Central y de decidirse su existencia, bajo qué reglas debería operar. El dinero y la inflación El dinero existe porque ante el desafío de la doble coincidencia y la indivisibilidad de los bienes, el hombre ideó el modo de facilitar el intercambio.
De hecho, el dinero existe porque la alternativa de trueque nos haría perder millones de transacciones con la consecuente caída en el nivel de vida. No es lo mismo una economía con o sin dinero (trueque). Así, aquel bien que muestre un mayor nivel de comercio será utilizado para el intercambio indirecto y ello lo convertirá en dinero, dando lugar a las funciones de unidad de cuenta y medio de pago generalizado.
En paralelo, la necesidad de que el bien utilizado como dinero no perdiera valor en el tiempo, derivó en el uso de los metales preciosos dando lugar a la función de reserva de valor. Sin embargo, el uso de los metales traía aparejado el problema de la portabilidad y del riesgo del traslado, lo que derivó en la creación del papel moneda convertible. En definitiva, la oferta monetaria no es más ni menos que la prestación de un servicio de liquidez que permite realizar transacciones, independientemente de la propiedad del negocio. Y es claro que la prestación estatal de dicho servicio ha sido deplorable.
Naturalmente, la reflexión precedente no es apta para el paladar de nacionalistas de pacotilla, la izquierda que suspira estadolatría y de una corporación política hipócrita que arropada de formas pomposas y “buenas intenciones”, y quienes comparten esa pasión despreciable por la expropiación de la propiedad privada.
Para ellos, la provisión del dinero debe estar en manos del Estado, ya que, dado el curso forzoso, la oferta monetaria no sólo provee el servicio de liquidez, sino que además brinda una fuente de recaudación tributaria sin tener que legislar impuestos explícitos. A su vez, vale la pena mencionar que el robo no está dado por el impuesto inflacionario (la tasa de inflación multiplicada por la demanda de dinero) sino que el mismo viene dado por el señoreaje (emisión sin respaldo).
Un ejemplo lo dejará en claro. Si una economía crece, la demanda de dinero crece, por lo que si la oferta monetaria permanece constante habrá deflación, la cual hace que los individuos aumenten su riqueza real. Sin embargo, si la oferta de dinero crece tal que la inflación fuera nula, el impuesto inflacionario sería nulo y, sin embargo, el Estado ahora cuenta con más recursos, por ende, no los tiene el privado. Hay expropiación.
Y no sólo eso, la forma en que el Estado introduzca el dinero afecta la distribución del ingreso y a los precios relativos, por lo que afectará ahorro, inversión y tasa de interés. Esto es, habrá daños en el presente y en el futuro. El caso argentino y qué pasó en 2012 El caso argentino es muy claro. Antes de que existiera el Banco Central de la República Argentina la tasa de inflación anual era del 1,03% anual.
A su vez, en los diez años posteriores a su creación la tasa de inflación saltó a 6,05% anual. Luego de la estatización durante el gobierno del General Juan Domingo Perón, la inflación hasta 2025 promedió un 63,2% anual. Es más, este promedio geométrico no fue homogéneo a lo largo de la historia. En el período 1946-1974 fue del 29,7%.
En el lapso 1974-1991 trepó al 312,8% y ello derivó en La Ley de Convertibilidad, la cual logró bajar la tasa de inflación al 8,2% anual durante los diez años que estuvo vigente. Sin embargo, la idea de restringir el uso fiscal de la emisión de dinero (algo permitido hasta que la posición en títulos públicos del Estado no superara un tercio de la base monetaria) no era del agrado de la política.
Así, durante 2002 se terminó con la convertibilidad bajo la premisa que esta vez sería diferente y que la política monetaria sería conducida racionalmente. Más allá de la estafa que implicó sacar el respaldo a los pesos, la que a dólares de hoy asciende a unos US$ 30.000 millones, la racionalidad progresista nos trajo una inflación del 168.580,3%, esto es, una inflación anual del 36,3%.
Sin embargo, en función de lo que sucedió a lo largo del siglo XXI se deparaba un peor desenlace que el del período 1974-1991, ya que podemos observar que Néstor Kirchner dejó la misma inflación que recibió pese a la tendencia decreciente heredada, al tiempo que Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández dejaron a su sucesor una inflación mayor a la heredada. Naturalmente, para lograr tamaño desastre necesitó de un BCRA acorde a las necesidades de la casta política.
Y si bien, los cambios en la Carta Orgánica del 2002 eran nefastos, la modificación de 2012 llevó los niveles de la brutalidad política al paroxismo, donde la nueva Carta Orgánica se delineó para justificar el robo de US$ 10.000 millones para el Fondo del Bicentenario de 2010 que permitiera una nueva edición del “Pan y Circo” que posibilitó la reelección de CFK. Pero no les bastó con crear el entramado legal para habilitar el saqueo de las reservas internacionales vía Letras Intransferibles, sino que, como consagración de la ignorancia, se le asignó a un instrumento de política económica cinco objetivos: (i) la estabilidad monetaria; (ii) la estabilidad financiera; (iii) el empleo, (iv) desarrollo económico y (v) equidad social.
Esto es, al BCRA había que entrar con un casco para no morir de un golpe en la cabeza mientras volaban los fajos de dinero hacia la Casa Rosada. Cinco puntos para una propuesta Frente a esta pasión expropiatoria de la alta política, decidimos poner fin a 91 años de historia y reformular la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina en base a cinco líneas analíticas. En primer lugar, se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del BCRA vuelve a ser el de preservar el valor de la moneda.
Esto es, la nueva CO reconoce la naturaleza monetaria de la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta (ya sea porque aumenta la oferta y/o baja la demanda) que conlleva a una pérdida del poder adquisitivo del dinero, es decir, todos los precios en unidades monetarias suben. La segunda modificación es que se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado, esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los Estados Provinciales y los Municipios, y toda compra de títulos públicos del Estado Nacional en el mercado primario.
Vale la pena destacar que el señoreaje, el cual toma forma bajo la compra de títulos del Estado, no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y que en este caso alcanza a una asociación ilícita conformada por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central. La tercera modificación está relacionada con blindar al Presidente del BCRA y al Directorio de los atropellos de la política. En este sentido, si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento, la remoción será mucho más exigente.
De este modo, la remoción requerirá de dos tercios no sólo de la Cámara de Senadores sino también de la Cámara de Diputados. La experiencia muestra que todas las remociones intempestivas siempre estuvieron ligadas a conseguir una mayor laxitud en la política monetaria, esto es, para estafar al sector privado mediante el señoreaje, el cual hemos demostrado que es un impuesto no legislado.
Por ende, si la política quiere cobrar más impuestos es razonable que ello pase por la Casa del Pueblo. En cuarto lugar, se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez. En este sentido, determinados los activos iniciales (31/12/26), los mismos serán asimilados en unidades físicas, por lo que los resultados por tenencia asociados a cambios en los precios de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible (concepto similar al revalúo técnico).
Por otro lado, los resultados asociados al manejo de cartera del Banco sólo podrán ser girados al Tesoro Nacional para la cancelación de deuda. Finalmente, se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica de 2012 al tiempo que se elimina la estafa de las Letras Intransferibles.
Por lo tanto, esta reforma de la CO del BCRA, junto a las nuevas reglas fiscales (déficit cero y shutdown), la nueva ley de Mercado de Capitales y la desregulación del Mercado de Seguros, pondrá fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia que nos permitirá hacer a la Argentina grande nuevamente.
(*) Presidente de la Nación