Año X | EDICION 4567 Actualizado: 21:04
Resistencia, Martes, 27 Junio 2017

Nota de Opinión

¿Bajo el amparo de la Constitución... o la corporación?

13/06/2017 El NEPAR cuestionó en un documento público el fallo del Superior Tribunal de Justicia que declaró inconstitucional a la Ley de Emergencia Económica 7755. Aquí la posición de los miembros del Nuevo Espacio de Participación.

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El NEPAR se expresó contra el fallo del STJ que declara inconstitucional la ley 7755.

Nuevamente debemos lamentar la circunstancia de presenciar otro escabroso capítulo en lo que entendemos, desde hace un tiempo a esta parte, como una permanente y en franco crecimiento tendencia a la judicialización de cuestiones que atañen a la actividad estatal y legislativa, y que constituyen otro ejemplo más de los que la Corporación Judicial viene dándonos en materia de fallos que pretenden torcer y trastocar las funciones que corresponden a otros poderes, y que violentan el principio republicano de su división.

 

Hablamos del reciente fallo emanado de la Sala Primera Civil del Superior Tribunal de Justicia, integrada por las Dras. Iride Isabel María Grillo y María Virginia Ise, quienes declararon la inconstitucionalidad de la Ley 7751 que dispusiere un marco de emergencia económica para permitiral a la Provincia del Chaco acordar el pago con más del setenta por ciento de los acreedores del histórico juicio entablado por empleados judiciales, originado en una acordada suscripta por los entonces jueces del Superior Tribunal en virtud de la cual se incrementaren sus sueldos sin contemplar a los trabajadores de ese poder, historia por todos conocida y que parece constituir una novela que a pesar del enorme esfuerzo y voluntad puestos por la actual gestión provincial en lograr los consensos y articular los mecanismos necesarios para su armoniosa resolución, parece nunca acabar por la tozudez de un par de magistrados que respondiendo a intereses de la misma corporación a la que pertenecen, pretenden establecer un "gobierno de los jueces", transgrediendo las competencias que atañen a los demás poderes, en un contexto en el cual el grado de acuerdo con los acreedores alcanza un número más que considerable, lo cual nos hace considerar seriamente que este fallo constituye un verdadero despropósito y claramente encierra intencionalidades que van más allá de lo meramente jurídico.


Resulta hasta cierto punto irrisorio que un problema originado en la misma cúpula del poder judicial, en virtud de un juicio entablado por los propios trabajadores de ese poder, en una lucha que duró más de 30 años, y que luego de semejante odisea legal y una vez hallada una posibilidad de brindar respuesta gracias a los buenos oficios del hoy Gobernador, nuevamente, y con fundamento en la sapiencia de jueces que se enorgullecen de velar por la constante observancia de la Carta Magna y la enseñanza del derecho constitucional, no hacen más que hacer tambalear y debilitar a las instituciones y la independencia de éstas, que la misma Constitución establece. Vaya paradoja. Y hablando de paradojas, no podemos menos que mencionar la evidente colisión de intereses existente en el seno mismo de la Sala que resolviere el amparo, toda vez que el pronunciamiento versó sobre la constitucionalidad de una norma que permitió acordar con los acreedores judiciales, entre los cuales se encuentra una de las magistradas firmantes del controvertido fallo.


Hemos oído a conocidos abogados ocasionalmente decir que existe una máxima en derecho según la cual "la ley es lo que los jueces dicen que es", y hoy más que nunca, y para tristeza de nuestro sistema, podemos decir que resulta en un todo propicio repetirla a la luz de los que nos toca afrontar como provincia en materia de fallos adversos. Así las cosas, aparentemente de nada vale la buena política, entendida como diálogo y concordancia, de nada sirve someter algo a consideración, análisis y votación en la Cámara de Diputados, de nada vale la voluntad de aquellos ciudadanos que optaron por convenir un modo de satisfacción a los reclamos que venían planteando desde hace tres décadas, de nada sirve señores, si con dos firmas de cierta intelectualidad judicial, y en un rapto de megalomanía, pretenden imponer en base a intereses propios y facciosos del sector que representan, su voluntad por encima de la emanada de los demás poderes y de la misma ciudadanía que encontró en la sanción de la ley atacada una salida pacífica a un entuerto que parecía nunca acabar.

 

Chaco Día por Día